Ambiente tóxico en el trabajo

Ambiente tóxico en el trabajo

En ocasiones, o bien con el paso de los meses o de repente, por un suceso repentino, el ambiente de trabajo se vuelve tóxico. Se puede decir que cuesta respirar en él, que las personas que deben pasar horas en ese entorno padecen una situación que afecta a su estado de ánimo, a las relaciones interpersonales, y a su rendimiento, sin que ésta sea una lista cerrada de consecuencias.

Ante un ambiente tóxico en el trabajo caben CINCO  posibilidades:

1. MARCHARSE: Puede ser una buena solución siempre que gocemos de la energía suficiente para buscar nuevas oportunidades y encontrarlas. Es la acción más drástica y en la práctica la más difícil de llevar a cabo. 

2. AISLARSE: Hacer todo lo que sea posible para que el entorno no nos afecte, para realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible, siendo indiferente a todo lo que ocurre alrededor. Es una buena manera de sobrevivir a situaciones complicadas, pero se requiere una gran voluntad y disciplina interior.

3. NEUTRALIZAR A LA GENTE TÓXICA: Hacer una barrera que sea casi física para la gente tóxica, bloquearse y rodearse sólo de aquellas personas que aporten algo positivo o que no utilicen el conflicto como una rutina instaurada en su día a día laboral.

4. OLVIDARSE DEL MIEDO: En muchas ocasiones el ambiente tóxico se sustenta en el miedo que tienen una serie de personas trabajadoras respecto a otras personas o a situaciones que imaginan pero que nunca se trasforman en reales en un futuro inmediato. Hay mucha gente que alimenta el conflicto y que se sirve del miedo para ejercer un "poder real" sobre parte de la plantilla.

5. ENMARCAR LA SITUACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL:  Cuando la situación se vuelve insostenible es cuando la situación vivida en el trabajo se traslada fuera del entorno laboral, y afecta al ámbito personal y familiar de la persona trabajadora. Es necesario delimitar el ámbito en el que se produce la situación y tener la habilidad de olvidarse de ella fuera de ese entorno.

Las personas: el eje de la Administración Pública

Las personas que trabajan en un Ayuntamiento son el eje sobre el que se forma la manera de desarrollar las tareas, las funciones, los proyectos y las estrategias. Son la base para que el objetivo se realice de manera eficaz y eficiente, dos de los principios que inspiran la razón de ser de la Administración Pública Local.

Es un aspecto no visible por la ciudadanía, lo que hace que en ocasiones que considere por parte de la clase política como una "asunto de segunda". Nada más alejado de la realidad. No se conseguirá una buena gestión de los recursos materiales ni temporales, ni unos resultados que tiendan a la excelencia sin el cuidado de la totalidad de la plantilla que trabaja.

Cinco puntos esenciales a tener en cuenta al principio:

1. Tener claro el enfoque de los Recursos Humanos que queremos para el Ayuntamiento: de este modo podremos adaptar y adoptar los medios necesarios para conseguirlo. Adaptar lo que hay y adoptar lo nuevo.

2. Formar un equipo excelente en el Departamento de Recursos Humanos: que pueda cubrir cada una de las áreas que determinemos a desarrollar en todo el Ayuntamiento, y con un liderazgo técnico fuerte.

3. Dotar de medios técnicos el Departamento de Recursos Humanos: optimizar recursos, en la medida de lo que sea posible, y sobretodo, planificar: qué se quiere hacer y qué se necesita para ello.

4. Entender la formación como un aspecto básico: formarse no es perder el tiempo. Es necesario y se debe valorar. Crear y desarrollar un buen plan de formación, que afecte a toda la plantilla, adaptado a las necesidades reales y que sea aplicable al puesto de trabajo que se desempeña.

5. Crear un ambiente de trabajo positivo: pertenecer al Ayuntamiento no debe ser sólo trabajar en él, debe comportar sentirse parte de él, defender y apoyar todo lo que de él se deriva, porque cada uno aporta lo mejor que sabe hacer su trabajo.

Es posible conseguirlo... ¿te atreves?

DERECHO Y TECNOLOGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Una pregunta clave en estos momentos es si en la Administración Pública debemos reconfigurar las garantías jurídicas que produce la gestión de los expedientes en un contexto generalizado de cambio a administración electrónica, donde está presente el diálogo necesario entre dos aspectos relevantes: Derecho y Tecnología.

Los actos en la Administración Pública tienen su base en el procedimiento administrativo, regulado por el ordenamiento jurídico. A partir de esta premisa, cualquier proceso de cambio debe ser analizado a través del prima de los retos jurídicos que provoca y que se deben afrontar. Con la implantación de la denominada e-Administración, ligada a los conceptos de transparencia y acceso a la información pública, aparece la oportunidad de analizar la Administración también desde el ángulo de la tecnología, y la renovación que introduce respecto a la tramitación de los expedientes.

Precisamente con la Administración electrónica se produce un cambio sustancial en la herramienta de gestión, al pasar “del papel” a “los medios electrónicos”. El nuevo soporte informático aporta innovaciones y provoca que deban volver a pensarse aspectos que ya contaban con suficientes garantías jurídicas dentro de los procedimientos administrativos. La apuesta acertada por una Administración más eficaz y más eficiente se asocia inmediatamente a los medios tecnológicos, y se puede percibir el Derecho como el garante de la propia burocracia, que no permite la agilidad requerida por los agentes implicados, sobretodo la ciudadanía. Sin embargo, la simplificación administrativa debe contar con las mismas garantías jurídicas.

Los conflictos que se pueden producir entre simplificación administrativa y seguridad jurídica deben resolverse primando el Derecho, como garante del procedimiento administrativo que asegura, a su vez, una buena administración electrónica. Lo que puede ocurrir es que los medios electrónicos  pongan de relieve trámites superfluos, incluso duplicidades que se han ido produciendo durante años, que pueden eliminarse sin que se vea alterado el fundamento del propio procedimiento.

Los actos administrativos, con independencia de si se producen en formato papel o electrónico, para ser efectivos requieren seguir una serie de aspectos formales establecidos por la legislación. Estos aspectos conforman la garantía a la ciudadanía de que la actuación puede ser conocida y controlada y que se realiza conforme al ordenamiento jurídico. El procedimiento administrativo, sea cuál sea el formato en que se realiza, es la garantía de que la Administración Pública no actúa de forma arbitraria y discrecional, generando indefensión a la ciudadanía. 

(post publicado en NOVAGOB el 13 de febrero de 2017)

Transparencia en la AAPP y crecimiento económico

Por todos es conocido que la Administración Pública Local es muy diversa. Aunque la normativa es uniforme para todas ellas en aspectos como el procedimiento administrativo, la Función Pública, la contratación, cuestiones urbanísticas y otros intrínsecos y de gran relevancia para el funcionamiento de las Administraciones Públicas, parece primar en los Entes Locales la importante facultad que tiene otorgada de diseñar y modelar su organización interna. La demonimada Potestad administrativa de autoorganización” es la que comprende todas las facultades para modelar la estructura interna de cada Entidad Local con el fin de cumplir eficazmente con el interés público en cada una de sus actuaciones de la forma más conveniente al interés común.

                         

La facultad de autoorganización es uno de los elementos que explica la diferencia que existe entre las Administraciones Locales. Desde este punto de vista, es relevante destacar un párrafo incluido en la exposición de motivos de la Ley de Transparencia española, donde se pone de manifiesto que los países con mayores niveles en materia de Transparencia y normas de Buen Gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En esta Ley incluso de encadenan los motivos por los que se favorece a un crecimiento económico mayor cuando existe un grado más elevado de transparencia en la Administración, ya que cuando se permite una mejor fiscalización de la actividad pública, se  contribuye a la necesaria regeneración democrática, y se promueve la eficiencia y la eficacia de las actuaciones.

Teniendo en cuenta el argumento de esta destacada Ley, se puede considerar que eficiencia y eficacia de la Administración Pública son dos elementos importantes y determinantes para fomentar la economía de una sociedad, aspectos que mejoran e incrementan cuando la transparencia tiene unos índices elevados. Con estos indicativos es posible plantearse la cuestión sobre hasta qué límite la Administración Pública Local influye de manera directa en la compleja realidad de su propio Municipio y dirigir la capacidad de autoorganización a conseguir que la influencia sea lo más positiva posible para los ciudadanos, más cuando de lo que se trata es de dar visibilidad.

No es una obligación actual que las Administraciones Públicas deban dar cuentas de su acción de gobierno para explicar cómo y en qué utiliza los recursos públicos, pero la Transparencia va más allá. Además de esta información también se debe explicar la motivación de la adopción de las políticas públicas y cuáles son los resultados una vez se han aplicado. Afecta a los procedimientos desde el inicio de su gestación hasta el final de sus consecuencias.

La Transparencia en las Administraciones Públicas es un elemento que sirve para medir la salud democrática de cada una de ellas, y puede actuar, tal como la propia Ley destaca, como palanca de crecimiento económico. Este motivo por si solo es crucial para convenir su importancia y dar prioridad a su aplicación en un aspecto amplio, sin miedos.

Administración Pública: grandes retos con plantillas envejecidas.

La Administración envejece de golpe. Este es el titular que hace unos días aparecía en la prensa, para dejar constancia que también en las Administraciones Locales los empleados mayores de 50 años han pasado de ser el 25% a ser el 40%. Las restricciones a la contratación en la normativa de los últimos años ha acelerado el proceso de incremento de edad en las Administraciones Públicas, y las Entidades Locales no se escapan de ello.

Dando por sentado que la edad es un dato objetivo, que nada tiene que ver con estar más o menos motivado, más o menos actualizado en todo lo relativo a las funciones propias de cada puesto, un nivel de edad alto de la plantilla en su conjunto tiene tanto ventajas como inconvenientes. Cabe destacar que es favorable en el sentido de la acumulación de conocimiento y experiencia, lo que es positivo para la buena prestación de los Servicios Públicos. Sin embargo hay un elemento innegable que afecta de manera importante en tiempos en los que se regulan aspectos normativos que deben provocar grandes avances dentro de la Administración Pública: la menor permeabilidad a los cambios en general y los tecnológicos en particular.

Los cambios que se están produciendo en la Administración Pública, y que sin duda han empezado para no terminar de forma inmediata, tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, unas nuevas formas de relación entre ciudadanía y Administración, todo ello basado en nuevos programas informáticos y nuevas aplicaciones. Todo ello  debe ser ejecutado por los funcionarios y el personal laboral de la Administración, que precisan una capacidad de adaptación en un tiempo breve y sin que el trabajo diario quede paralizado. Los procedimientos se deben tramitar para que los servicios públicos continúen siendo de la máxima calidad.

Esta situación, contando con la disparidad de Entidades Locales, cada una con una idiosincrasia propia y con recursos diferenciados, supone un reto para el cual son necesarios recursos formativos que facilitan incrementar la confianza en aquello que por el momento es una novedad. Las acciones formativas efectivas, tanto a los funcionarios como al personal laboral, sobre los nuevos programas informáticos imprescindibles para la aplicación de la normativa son necesarias para minimizar este posible efecto adverso al incremento de edad de las plantillas.

Cuando la restricción a la contratación sea menor,  probablemente puedan acceder a la Función Pública personas que ya estén instruidas en las nuevas tecnologías. Por el momento todo depende de las personas que integran la Administración Pública en la actualidad.

Un reto por delante: La Gran Revolución Administrativa

Las últimas leyes que regulan aspectos tan relevantes en la Administración Pública como el Procedimiento Administrativo Común, el Régimen Jurídico y la Transparencia, son propicias a interesantes debates jurídicos sobre su contenido. En su conjunto, dejan intuir la Gran Revolución Administrativa que suponen al tener como soporte esencial la tecnología.

En este gran cambio intervienen cuatro aspectos esenciales, alejados de los aspectos estrictamente jurídicos:

a) La implicación de la voluntad política: todos los cambios que las diferentes Leyes regulan deben estar liderados por aquéllos que tienen la capacidad de decidir el camino por donde transitar. Tener clara cuál es la vía por la que una determinada Administración debe continuar es elemental para aplicar las actuaciones que permiten conseguir los objetivos regulados en la normativa reciente.

b) La tecnología adecuada: en la actualidad encontramos un ámbito social que demanda eficacia y eficiencia en un entorno de innovación tecnológica constante. Las Administraciones Públicas se deben adaptar a todos estos conceptos con los medios informáticos y la tecnología capaces de estar al nivel demandado, lo que atañe más de un inconveniente sobretodo para las Entidades Locales con menos recursos, que deberán firmar convenios de colaboración y adhesión con otras Administraciones Públicas que dispongan de los medios adecuados.

c) La formación de los empleados públicos: Las personas que tramitan los expedientes administrativos, que están en contacto con la ciudadanía y que ejecutan todo lo que las Leyes establecen son los empleados públicos, que deben tener los conocimientos para ello, tanto a nivel normativo, como también a nivel de funcionamiento de la tecnología y de los programas informáticos que se utilizan a partir del momento de aplicación de las Leyes.

d) La ciudadanía exigente: Las Leyes regulan, entre otras novedades, unos derechos para los administrados que lograrán provocar cambios en la gran maquinaria de la Administración Pública. Para poder ejercer estos derechos la ciudadanía debe ser responsable, estar implicada. Conociendo las Leyes se puede exigir, por lo que la implicación ciudadana debe ser elevada.

Cuando estos cuatro elementos estén en un nivel óptimo se producirá el cambio por el que apuesta la regulación de las últimas Leyes, mucho más allá de su contenido literal. El reto es conseguir esta Gran Revolución Administrativa con la que todos ganamos.

Big Data y selección de personal en AAPP

Una de las funciones primordiales de la gestión de los  RRHH  es la selección. La capacidad de encontrar al mejor candidato para un puesto determinado tiene mucha importancia porque afecta al funcionamiento de toda la Organización.

Con la aparición de las nuevas tecnologías y la aplicación de los programas informáticos actuales, es muy común que los gestores encargados de la selección de personal en las empresas utilicen muchos más elementos dirigidos a conseguir su propósito de incorporar a la persona idónea para el puesto vacante. Acudir a diversas Redes Sociales donde el profesional se da a conocer, contrastar información en diferentes fuentes de Internet, encontrar trayectoria no sólo profesional sino también personal, ayuda a tener elementos de contraste muy amplios a la hora de seleccionar la mejor persona para un puesto.

La gestión de la información, el Big Data y los programas de análisis, amplifican y complementan la eficacia de la gestión de RRHH en la función de selección.

¿Cómo podemos aprovechar toda la tecnología que está al alcance de la empresa privada en la Administración Pública para la selección del personal? Es necesario debatir sobre si la tecnología actual es compatible con la normativa que se arrastra desde el Siglo XX, en suma, con los principios esenciales del acceso a la Función Pública.

Los principios de igualdad, mérito y capacidad están actualmente justificados porque protegen de la posible actuación discrecional que se puede dar en el ámbito de la selección de personal en la Administración Pública, donde se gestionan recursos públicos. Conseguir una gestión excelente de lo público es lo que determina que las personas que acceden a los puestos vacantes deben ser “las mejores”.

Si los principios constitucionales cumplen hoy en día su cometido, y no tiene sentido desaprovechar toda la tecnología que tanto aporta a las empresas privadas, debemos establecer una manera de compaginar los dos aspectos: utilizar la información y su gestión para redactar las mejores convocatorias de los puestos requeridos. Visualizar, contrastar, rastrear, en definitiva, utilizar toda la amplitud que Internet nos ofrece para redactar aquellas convocatorias que incluyan todos los elementos necesarios para atraer a los mejores candidatos. Estaremos seleccionando a las personas candidatas que cumplen los requisitos exigidos en una convocatoria excelente, lo que nos garantiza que la que obtiene mayor puntuación es "la mejor" para el puesto vacante. 

Si podemos escoger entre los mejores bajo las premisas de igualdad, mérito y capacidad, después de preparar una convocatoria teniendo en cuenta toda la información que nos ofrece el Big Data, la persona candidata que accede al puesto de trabajo es la mejor.