Administración Pública: grandes retos con plantillas envejecidas.

La Administración envejece de golpe. Este es el titular que hace unos días aparecía en la prensa, para dejar constancia que también en las Administraciones Locales los empleados mayores de 50 años han pasado de ser el 25% a ser el 40%. Las restricciones a la contratación en la normativa de los últimos años ha acelerado el proceso de incremento de edad en las Administraciones Públicas, y las Entidades Locales no se escapan de ello.

Dando por sentado que la edad es un dato objetivo, que nada tiene que ver con estar más o menos motivado, más o menos actualizado en todo lo relativo a las funciones propias de cada puesto, un nivel de edad alto de la plantilla en su conjunto tiene tanto ventajas como inconvenientes. Cabe destacar que es favorable en el sentido de la acumulación de conocimiento y experiencia, lo que es positivo para la buena prestación de los Servicios Públicos. Sin embargo hay un elemento innegable que afecta de manera importante en tiempos en los que se regulan aspectos normativos que deben provocar grandes avances dentro de la Administración Pública: la menor permeabilidad a los cambios en general y los tecnológicos en particular.

Los cambios que se están produciendo en la Administración Pública, y que sin duda han empezado para no terminar de forma inmediata, tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, unas nuevas formas de relación entre ciudadanía y Administración, todo ello basado en nuevos programas informáticos y nuevas aplicaciones. Todo ello  debe ser ejecutado por los funcionarios y el personal laboral de la Administración, que precisan una capacidad de adaptación en un tiempo breve y sin que el trabajo diario quede paralizado. Los procedimientos se deben tramitar para que los servicios públicos continúen siendo de la máxima calidad.

Esta situación, contando con la disparidad de Entidades Locales, cada una con una idiosincrasia propia y con recursos diferenciados, supone un reto para el cual son necesarios recursos formativos que facilitan incrementar la confianza en aquello que por el momento es una novedad. Las acciones formativas efectivas, tanto a los funcionarios como al personal laboral, sobre los nuevos programas informáticos imprescindibles para la aplicación de la normativa son necesarias para minimizar este posible efecto adverso al incremento de edad de las plantillas.

Cuando la restricción a la contratación sea menor,  probablemente puedan acceder a la Función Pública personas que ya estén instruidas en las nuevas tecnologías. Por el momento todo depende de las personas que integran la Administración Pública en la actualidad.