Un reto por delante: La Gran Revolución Administrativa

Las últimas leyes que regulan aspectos tan relevantes en la Administración Pública como el Procedimiento Administrativo Común, el Régimen Jurídico y la Transparencia, son propicias a interesantes debates jurídicos sobre su contenido. En su conjunto, dejan intuir la Gran Revolución Administrativa que suponen al tener como soporte esencial la tecnología.

En este gran cambio intervienen cuatro aspectos esenciales, alejados de los aspectos estrictamente jurídicos:

a) La implicación de la voluntad política: todos los cambios que las diferentes Leyes regulan deben estar liderados por aquéllos que tienen la capacidad de decidir el camino por donde transitar. Tener clara cuál es la vía por la que una determinada Administración debe continuar es elemental para aplicar las actuaciones que permiten conseguir los objetivos regulados en la normativa reciente.

b) La tecnología adecuada: en la actualidad encontramos un ámbito social que demanda eficacia y eficiencia en un entorno de innovación tecnológica constante. Las Administraciones Públicas se deben adaptar a todos estos conceptos con los medios informáticos y la tecnología capaces de estar al nivel demandado, lo que atañe más de un inconveniente sobretodo para las Entidades Locales con menos recursos, que deberán firmar convenios de colaboración y adhesión con otras Administraciones Públicas que dispongan de los medios adecuados.

c) La formación de los empleados públicos: Las personas que tramitan los expedientes administrativos, que están en contacto con la ciudadanía y que ejecutan todo lo que las Leyes establecen son los empleados públicos, que deben tener los conocimientos para ello, tanto a nivel normativo, como también a nivel de funcionamiento de la tecnología y de los programas informáticos que se utilizan a partir del momento de aplicación de las Leyes.

d) La ciudadanía exigente: Las Leyes regulan, entre otras novedades, unos derechos para los administrados que lograrán provocar cambios en la gran maquinaria de la Administración Pública. Para poder ejercer estos derechos la ciudadanía debe ser responsable, estar implicada. Conociendo las Leyes se puede exigir, por lo que la implicación ciudadana debe ser elevada.

Cuando estos cuatro elementos estén en un nivel óptimo se producirá el cambio por el que apuesta la regulación de las últimas Leyes, mucho más allá de su contenido literal. El reto es conseguir esta Gran Revolución Administrativa con la que todos ganamos.